El Tribunal de Cuentas censura a Iglesias los microcréditos de más de 50.000 € en plena campaña antiAyuso

Mientras Podemos presume de una supuesta recaudación «récord» para la campaña de las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo, el Tribunal de Cuentas acaba de poner en cuestión el sistema de microcréditos de la formación morada en las últimas generales al detectar que se firmaron nueve de ellos por más de 50.000 euros, el máximo que establece la ley para las donaciones particulares. Sin embargo, los microcréditos no están todavía expresamente contemplados en dicha normativa, de ahí que el órgano fiscalizador insista en que hay que regular esta figura para dejar claro que, si no se devuelven, son donaciones y tienen dicho tope de 50.000 euros.

En el mes de octubre de 2019, al igual que están haciendo ahora en plena campaña antiAyuso, dirigentes de Podemos como Pablo Echenique sacaban pecho de haber conseguido, según ellos, una recaudación «récord», vinculándola a un presunto crecimiento en apoyos. Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas, conocido esta misma semana, revela que hasta nueve personas superaron el límite de 50.000 euros que fija la ley electoral para las donaciones, con unos excedentes que sumaron en total 60.600 euros. De este modo, sólo nueve votantes de Podemos aportaron ya más de 450.000 euros del total de 2.683.419,51 euros en microcréditos que utilizó este partido para el 10-N.

Como ocurriera en las pasadas elecciones generales, la formación morada plantea ahora de cara al 4-M «la posibilidad de hacer un préstamo civil al partido político Podemos con vistas a sufragar los gastos electorales». «Puedes aportar entre 50 y 10 mil euros que te devolveremos cuando recibamos la subvención electoral correspondiente a los resultados electorales», reza el llamamiento de la candidatura de Iglesias a sus simpatizantes. Sin embargo, y a tenor del último informe del Tribunal de Cuentas, hubo nueve personas que firmaron microcréditos por encima de 50.000 cada una. De esta manera, ese nivel de movilización del que presumía entonces Podemos, no era tal.

Fuga de votos

Además, las urnas hablaron por sí solas el 10-N y desmontaron esta campaña de propaganda de los de Iglesias. Unidas Podemos y sus aliados territoriales en Cataluña y Galicia descendieron hasta los 35 diputados en el Congreso, siete menos que en los comicios de abril del mismo 2019, con una fuga de 663.000 votos. En las elecciones al Senado ni consiguieron representación.

A la espera de que se produzcan los cambios normativos que demanda, el Tribunal de Cuentas revisó si los importes de los microcréditos de las generales del 10-N excedían los 50.000 euros que la ley fija como máximo para las aportaciones, «por si adoptaran tal naturaleza en el supuesto de no devolución», señala el informe. Y fue entonces, cuando detectó esos nueve macroprestamistas de Podemos.

En el trámite de alegaciones, Podemos remitió al órgano fiscalizador la documentación justificativa de la devolución de todos los microcréditos a fin de que en ningún caso fueran contemplados conforme a lo establecido en la ley electoral vigente, según la cual «los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 50.000 euros anuales». Sin embargo, Podemos no cuestionó la existencia de esos nueve microcréditos por encima de dicha cantidad, aferrándose así al vacío legal que hay sobre esta figura concreta.

Específicamente

Por su parte, en las recomendaciones incluidas en su último informe, el Tribunal de Cuentas pide regular específicamente los microcréditos, con el propósito, por lo menos, de fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, es decir, los citados 50.000 euros.

El pasado miércoles, Podemos decía haber recaudado 576.000 euros en sólo 24 horas a través de estos microcréditos dentro de una campaña para «echar a Ayuso y la ultraderecha de Madrid». Se da la circunstancia, además, de que la entidad con la cual la formación morada está gestionando estas aportaciones es la Caja de Ingenieros, la misma que financió con un crédito hipotecario el casoplón de Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar, o la vivienda de la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en Puente de Vallecas.